Los megaproyectos privatizadores de Ebrard

Pablo Moctezuma Barragán

En el Foro Económico Mundial, en Davos, Marcelo Ebrard Casaubón convocó al encuentro internacional de inversionistas, del 14 al 17 de marzo, en el World Trade Center. Su objetivo: “Estrechar la cooperación de las instituciones científicas y universitarias con las empresas privadas”. Éste ha sido su proyecto en el Distrito Federal.

Las fuerzas progresistas se distinguen por la defensa de los recursos públicos, la empresa pública, los espacios públicos y el respeto por el interés y bienestar de la población; las fuerzas reaccionarias buscan las máximas ganancias para las corporaciones privadas a costa de los recursos públicos; emplean las empresas privadas y ponen a su disposición los espacios públicos. Las fuerzas progresistas dan servicios públicos –que se pagan con los impuestos– gratuitos o al costo; las fuerzas reaccionarias quieren hacer un negocio de los servicios públicos, encareciéndolos y generando lucro para la empresa privada.

En el Distrito Federal, queremos un gobierno progresista. Ya estamos cansados del neoliberalismo.

Marcelo Ebrard ha impulsado una serie de megaproyectos privatizadores que son rechazados por la población: el Foro Estadio en Azcapotzalco, la Supervía Poniente, la Línea 12 del Metro en Tláhuac, el Acuario en Xochimilco, la Biometrópolis en el Ajusco, la Ciudad del Conocimiento en Tlalpan, así como la privatización de parques públicos, como el de Santa Fe o el Parque Reforma Social. Contra estos proyectos, la población se ha organizado para hacer valer sus derechos. Las formas de protesta han variado: algunas son novedosas, como la que utilizó la atleta Úrsula Esquivel Silva el 16 de febrero, cuando al recibir una mención honorífica en el momento en que Ebrard la abrazaba, sacó un letrero con la leyenda “No a la Supervía”.

Otras protestas han sido reprimidas violentamente. El 19 de octubre de 2010, granaderos atacaron un plantón de vecinos opositores a la Supervía; hubo varios heridos. Luego en las primeras horas del 1 de enero, la policía ocupó predios para comenzar la demolición de viviendas. El proyecto de la Supervía ha generado amplio rechazo de la población, académicos y urbanistas, pues el gobierno del Distrito Federal no realizó consulta alguna. Además, con la obra dañará viviendas, zonas catalogadas como Área de Valor Ambiental y Área Natural Protegida, así como uno de los únicos ríos que quedan vivos en la ciudad, y mantos acuíferos. La gran tajada se la han de llevar las empresas constructoras OHL, de origen español, y su asociada Copri, que gana doblemente porque la parte beneficiada sería el circuito del Puente de los Poetas, donde la empresa ha construido más de 1 mil departamentos.

Por ello, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal acusa al gobierno del Distrito Federal de violar los derechos humanos a una vivienda adecuada, un medio ambiente sano, la información, al agua, seguridad jurídica y los derechos políticos de los habitantes de las delegaciones Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

En el Norponiente de la ciudad, en Azcapotzalco, Marcelo Ebrard desincorporó, el 14 de diciembre, el Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte a favor de una asociación “pública privada”, Operadora de Espacios Deportivos, para la construcción del Foro Estadio Azcapotzalco en los espacios públicos. Esos terrenos son propiedad de la nación y el gobierno del Distrito Federal sólo debe administrarlos debidamente.

La privatización del Deportivo Azcapotzalco y la Alameda Norte en beneficio de Zignia Live y Grupo Avalanz llevó al bloqueó del Eje 5 Norte por el pueblo chintololo el 19 de enero. Con la participación de los barrios y pueblos de Azcapotzalco, el 23 de enero una cadena humana rodeó el Deportivo y la Alameda; el 25 de enero, en el Zócalo, 400 pobladores de Azcapotzalco exigieron la derogación del decreto del 14 de diciembre. “¡Los espacios públicos deben ser respetados!”, gritaban.

El 3 de febrero, tras una reunión de funcionarios del gobierno capitalino en Santa Bárbara, para promover el Foro Estadio, los vecinos se opusieron. Por la tarde, policías intentaron detener a Israel Resendiz Rocha (lo acusaban de robo); ingresaron a su taller de herrería, a su casa y dispararon varias veces. Los vecinos tocaron las campanas y se reunió todo el pueblo para retener dos patrullas y llevar a los policías ante las autoridades de la Agencia 40; pero éstos no fueron detenidos. Los vecinos coreaban “¡Marcelo, entiende, Azcapo no se vende!”.

El 9 de febrero, en la inauguración de la Línea 3 del Metrobús, los vecinos de Azcapotzalco protestaron, y Marcelo Ebrard tuvo que suspender su recorrido. “¡No al Foro Estadio!”, gritaban los chintololos.

Los casos se incrementan. El gobierno de Ebrard otorgó los terrenos del exrastro Ferrería a la iniciativa privada para construir la Arena de la Ciudad de México, con capacidad para 22 mil personas, 125 suites de lujo y 5 mil cajones de estacionamiento. La obra está a cargo del Grupo Avalanz, quien opera la Arena Monterrey. El gobierno del Distrito Federal “aportó” el terreno de la avenida Granjas, en Santa Bárbara, con una superficie de 81 mil metros cuadrados, mediante “un sistema de actuación por cooperación” –un mecanismo donde ambas partes “cooperan” para crear y mejorar infraestructura– para la construcción del centro de espectáculos. La empresa privada invertirá 3 mil 300 millones de pesos para construir la “arena más grande de Latinoamérica”, que les traerá jugosas ganancias, pero que implicará abrir vialidades que destruirán los barrios aledaños, además de afectar el abasto de agua –ya en problemas– en toda la delegación. Este esquema de actuación por cooperación significa que el capital pone inversión, el gobierno aporta el terreno (que no es suyo) y el capital se lleva las ganancias.

En el Rosario, la iniciativa privada controlará otros espacios que eran áreas verdes y públicos. A cambio de 2 mil millones de pesos, erigirá áreas comerciales (donde se ubica el casco de la antigua Hacienda del Rosario, que es un inmueble catalogado con valor histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH). En esos espacios, los grandes empresarios abrirán sus negocios bancarios, restaurantes, un supermercado, un hospital, un hotel de negocios, cines y un paradero “de clase mundial”. En el Cetram Rosario, invertirán, junto con el gobierno del Distrito Federal, Desarrolladora Mexicana de Infraestructura Social (Dimi), Impulsora para el Desarrollo y el Empleo en América Latina (de Carlos Slim Helú) y Conservación y Mantenimiento Urbano, que preside Javier García Bejos. El consorcio tiene la concesión a 30 años. El Distrito Federal aporta el espacio, y Dimi, la inversión, la administración y, en general, la operación del proyecto. Es decir que, por cantidades irrisorias –en el caso del Foro Estadio, 1 millón de pesos al año–, se le otorgan esos terrenos públicos y áreas verdes a las grandes empresas privadas de Salinas Pliego, Carlos Slim y otros. Claro que no reconocen en ningún caso que se trata de una privatización. Para disimularlo, la bautizan como “sistema de actuación por cooperación”. Siempre en el discurso se acentúa que no es privatización, como lo hizo Felipe Calderón con Petróleos Mexicanos.

El tercer proyecto en Azcapotzalco es para la universidad CNCI (1.2 hectáreas): un centro de educación media superior y capacitación en las inmediaciones de la Unidad Habitacional el Rosario, que aplicará el sistema de actuación por cooperación. También se dio la autorización de siete torres de 10 pisos en el Rosario. Sin tomar en cuenta que los megaproyectos en Azcapotzalco se realizan en una zona de hundimientos y grietas muy peligrosas, debido a una falla geológica que va por todo el Nororiente de la delegación y que ya ha ocasionado siniestros.

Todos los megaproyectos de Azcapotzalco tendrán un gran impacto urbano y ambiental, y harían necesaria la apertura de grandes vialidades (que se mantienen en secreto) que afectarían y destruirían a los pueblos originarios de Azcapotzalco: Santa Bárbara, San Andrés, Santa Catarina, San Martín Xochinahuac, Nueva España, San Pablo Xalpa, etcétera. Incluso, podría verse afectada la Universidad Autónoma Metropolitana.

La movilización en Azcapotzalco ha ido en ascenso. El jueves 3 de marzo se realizó una marcha a la Glorieta de Camarones. Los chintololos reiteraron ahí su demanda de derogación de la desincorporación de los terrenos públicos. El martes 8 de marzo, la movilización de vecinos clausuró simbólicamente la obra de la Arena Ciudad de México y luego emprendió una marcha por varios puntos de la delegación.

Ante el rechazo a los megaproyectos, el 8 de marzo Ebrard y Laura Velázquez, de la Secretaría de Desarrollo Económico, plantearon construir el Foro Estadio en otro lugar. De cumplirse, significaría una victoria del movimiento.

Pero los megaproyectos privatizadores de Marcelo Ebrard no se limitan a Azcapotzalco. Hay otros 24 en toda la ciudad.  En protesta contra estas obras, el jueves 24 de febrero se realizó una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Con gran combatividad, más de 2 mil personas repudiaron las políticas neoliberales que buscan entregar los bienes de la nación al gran capital. Ese mismo día, Marcelo Ebrard envió a la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para descentralizar el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en la que se plantea la intervención del sector privado en el suministro y dotación de agua potable.

Para actuar a su antojo, Ebrard hizo aprobar en la Ley de Desarrollo Urbano de 2010 obras no previstas en los planes de desarrollo delegacionales, sin tomar en cuenta la opinión de legisladores, delegados y ciudadanos. Pero la acción ciudadana ha frustrado algunos de sus proyectos, como el del tranvía, en el que iba a invertir 2 mil millones de pesos al darle la concesión a la empresa francesa Alstim; y la Torre Bicentenario, que costaría 7 mil millones de pesos:  la concesionaria sería constructora Pontegadea, del español Amancio Ortega. Para estacionamientos en el Bosque de Chapultepec, daría 300 mil metros cuadrados a inversionistas privados, pero la oposición de los vecinos lo impidió.

Además, el gobierno capitalino pretende desarrollar vialidades de paga en el segundo piso del Periférico, del Toreo a Muyuguarda. Esta obra ha sido concesionada a la empresa OHL (que trabaja con Peña Nieto), a ICA y a Carso, de Carlos Slim.

La tendencia de Ebrard es la privatización: lo hizo con el servicio de grúas, parquímetros, Metrobús; arrenda trenes de la línea 12 a la empresa española en vez de comprarlos directamente; entrega, en la zona de recarga de los acuíferos del Ajusco, terrenos públicos a un proyecto llamado Biometrópolis; en Tlalpan, impulsa la Ciudad del Conocimiento sobre una reserva natural que alberga especies en peligro de extinción, y que son “protegidas” por la inmobiliaria Grupo Frisa. Esa ciudad destruirá formaciones lávicas de más de 2 mil años de antigüedad, el hábitat de especies en peligro y el ecosistema con el fin de favorecer la instalación de laboratorios de trasnacionales extranjeras. En la delegación Xochimilco, pretende construir en tierras ejidales una zona hotelera con el “acuario más grande de América Latina. Con Pepsi Cola, construyó el árbol de navidad más alto del mundo, y usó el Zócalo en el Mundial de Futbol para poner una megapantalla de Coca Cola.

Para ganarse a las grandes inmobiliarias, ha fomentado la construcción de rascacielos y viviendas de lujo en Reforma, Insurgentes, Palmas, Santa Fe y Polanco.

Un gobierno progresista realiza las obras con sus propios trabajadores y no recurre a darle todas las obras a empresas privadas que no tienen un sentido social.

Para tener buena imagen, ha gastado cientos de millones de pesos para promoverse en los medios que le permiten ocultar el daño que le hace a la ciudad, como su autorización de demoler 14 inmuebles catalogados Monumentos Históricos por el INAH para construir plazas comerciales, para organizaciones clientelares que lo apoyarán en su campaña.

Por otra parte, busca construir la Línea 12 del Metro con la española Construcción y Auxiliar en Ferrocarril, la francesa Alston y Carlos Slim, y así facilitarle a los desarrolladores inmobiliarios el acceso a la última reserva territorial y de agua del Distrito Federal, para lo cual despojó de 100 hectáreas de tierra agrícola a los ejidatarios de San Francisco Tlaltenco, que se ampararon, pero aun así fueron reprimidos por los granaderos. Se calculan en 800 las expropiaciones. Se ha reprimido violentamente las manifestaciones en Tláhuac; también fueron desalojados los vecinos de la Narvarte que se oponían a los daños por la Línea 3 del Metrobús.

Las políticas neoliberales de Marcelo Ebrard Casaubón van de la mano de las alianzas con el Partido Acción Nacional (PAN) y la derecha, que el jefe de gobierno ha propugnado abiertamente. El 10 de febrero de 2011, en la Universidad Iberoamericana, Ebrard declaró: “Las alianzas de la izquierda con la derecha llegaron para quedarse”.

Hay dos proyectos que se contraponen; el enfrentamiento entre los dos se agudiza. Uno es el proyecto social que defiende los derechos de todos los seres humanos, buscando nuevas soluciones para lograr el desarrollo y el bienestar de la sociedad, utilizando los avances y potencialidades del mundo moderno para resolver los viejos problemas de la humanidad, lograr trabajo, paz y vida digna, y un medio ambiente sano y sustentable. Éste se opone al proyecto antisocial, que es el que prioriza los intereses de las grandes corporaciones capitalistas que niegan los derechos individuales, los de pueblos y naciones, y degradan el medio ambiente.

Aquí no es cosa de “derecha” e “izquierda”, sino de quién defiende al pueblo y a la nación, y quién, a las corporaciones extranjeras y a las potencias imperiales.

Salinas, Zedillo y Peña Nieto privatizan desde el Partido Revolucionario Institucional; Calderón, Fox y Diego, desde el PAN, y en el Distrito Federal, hace lo mismo Marcelo Ebrard desde el PRD.

Ya llegó el momento de un cambio, una renovación democrática para que el pueblo decida; del triunfo de un proyecto alternativo de nación en el que se dé prioridad al bienestar social y al desarrollo en armonía con la naturaleza. Llegó el momento de la unión para alcanzar este proyecto popular y derrotar al neoliberalismo salvaje.

*Politólogo e historiador; doctor en Estudios Urbanos, exdelegado de Azcapotzalco, Distrito Federal

Fuente Contralínea 226 / 27 de marzo de 2011

Voice of Revolution organo de USMLO (Organización Marxista Leninista de los Estados Unidos)

Junto con la legislación anti obrera que se ha propuesto en a nivel estatal, como en Wasiconsin, muchos otros gobiernos estatales están también introduciendo más legislación antiinmigrantes. La mayoría se basan en la infame y racista SB 1070, que ha sido rechazada vigorosamente por la gente a nivel nacional.

Muchas de las leyes imponen perfiles racistas gubernamentales, requiriendo a la policía para que cuestione a las personas que ellos “sospechan” por su aspecto físico que están en el país sin documentación. No se da ningún criterio para tal “sospecha”. La experiencia nos muestra que esos  perfiles racistas del gobierno será utilizado para poner como blanco y aterrorizar a los trabajadores. Otro aspecto de estas leyes es que obligan a todos a tener que probar su ciudadanía o su status migratorio so pena de ser arrestados. De manera, que los ataques se extienden en contra de todos los trabajadores.

Muchas de las leyes están destinadas en contra de los niños y los derechos de educación, obligando a los funcionarios de las escuelas checar el estatus migratorio de todos los niños. Tales acciones han sido caracterizadas desde hace mucho como anticonstitucionales pero los estados las siguen practicando de todos modos.

Como todas las leyes anti obreras, esas leyes estatales antiinmigrantes son otra indicación más de que los viejos acuerdos en los que se basaban las relaciones entre gobiernos federales y estatales y las relaciones laborales y el gobierno no funcionan ya. Las nuevas medidas que se imponen por los gobiernos a todos los niveles son abiertamente anti obreras, antiinmigrantes y antisociales – que rompen el tejido social y usan el perfil racial y el terrorismo de estado para imponer este rompimiento.

Voz de la Revolución denuncia vigorosamente estas leyes antiinmigrantes y la atmosfera racista y terrorista que se impone por todos los niveles de gobierno, en el que actúan en contra de los derechos del pueblo y de la totalidad de la sociedad. Esos ataques numerosos usan las leyes migratorias con el fin de imponer la muerte civil sobre los trabajadores. Cualquiera que no pueda comprobar su ciudadanía y cumplir todos los requisitos de identificación va a perder sus beneficios y le será imposible votar o trabajar. De hecho la dirección conduce a los campos de detención y de trabajo forzado, que el gobierno ya está construyendo.

La población esta rechazando estos ataques antiinmigrantes y se levantan por sus derechos, como lo demuestran muchas acciones organizadas. Los trabajadores inmigrantes han estado al frente de muchas de estas luchas tanto contra las leyes anti obreras como las leyes antiinmigrantes. Y mientras esas leyes son parte de los intentos de debilitar el papel de los trabajadores y dirigir el coraje de los trabajadores documentados hacia los inmigrantes. Las numerosas manifestaciones, acciones y organizaciones muestran que los trabajadores no caen en la trampa. Ellos su unifican y dejan claro que ¡El golpe a uno es un golpe para todos! En la manifestación del primero de mayo que ya se está organizando se está poniendo énfasis en el hecho que el pueblo esta fortaleciendo su Resistencia apoyándose en sus propios esfuerzos unitarios y defendiendo los derechos de todos.

Los hacedores de leyes de Arizona preparan una nueva ronda de leyes antiinmigrantes.

En Arizona están preparando un paquete de leyes racistas y antiinmigrantes. Las nuevas propuestas implementan ataques más profundos contra la población que los de la ley de Arizona SB1070, que fue rechazada con vigor en Arizona y a nivel nacional. Una de las leyes es la Ley del Senadol 1611. Otras incluyen SB1308, SB1309, SB1407, SB 1141 y SB1405.

En la audiencia de 12 horas en las que se discutieron las seis leyes mencionadas en el Comité del Senado se dejó oír el rechazo de organizaciones comunitarias, y de profesionales de la salud y educación, líderes religiosos y otros que manifestaron una fuerte oposición a los proyectos de ley. Estos fueron aprobados por el Comité a pesar de que recibieron más de 20 000 correos electrónicos en cuatro días de parte de enojados arizonianos que rechazan esos ataques al pueblo de Arizona. Se organizó también una manifestación el 25 de febrero para denunciar los proyectos de ley y apoyar los derechos de los migrantes y de la población de Arizona..

Los proyectos de ley que pasaron por el Comité del Senado incluye:

SB1611: “Ómnibus de inmigración,” patrocinado por el senador Russell Pearce, quien también patrocinó SB1070.  Obliga a los dueños de empresas, oficiales de policía, dueños de apartamentos, funcionarios escolares, y otros a verificar la ciudadanía y  notificar a la Oficina de Migración y Aduana (ICE) de cualquier persona que no pueda probar ser ciudadano. En algunos casos, si no lo prueba puede traer penas de perder licencias, certificaciones o encarcelamiento.

SB1308 y 1309: Estas dos leyes son conocidos entre los activistas como las leyes que “Deterioran el futuro de los niños y la Constitución”. Fueron introducidas por el senador Ron Gould y crea una nueva ciudadanía en Arizona que excluye a los niños que nacen de padres indocumentados. Estas leyes tratan de iniciar un debate nacional para cambiar la 14 enmienda de la Constitución, que le da la ciudadanía a cualquiera que nazca en el país.

SB1407 y 1141:  Se describen como las “Escuelas como retenes de inmigración” Estas leyes obligan a los funcionarios escolares investigar a los alumnos para que prueben su ciudadanía y reportar a inmigración el estatus de sus alumnos. De no hacerlo así la pena resultaría en la pérdida del financiamiento. El objetivo principal es criminalizar a los hijos de inmigrantes indocumentados.

SB1405: Para “Convertir los servicios de salud en la negación de la salud”. Esta ley obliga a los trabajadores hospitalarios a verificar la ciudadanía de las personas que buscan atención médica, no de emergencia y a notificar a la migra (ICE) si alguien no puede probar su ciudadanía o su estatus migratorio.

En conjunto estas leyes también sirven para tratar de hacer legal los perfiles que hace el gobierno en base a la apariencia física. Las medidas incluyen el criminalizar “conducir siendo indocumentado”, aún si el chofer tiene licencia. Las leyes sirven para perseguir a ciudadanos y no ciudadanos a la par, obligando a todos el cargar documentos de ciudadanía todo el tiempo. Como dicen algunos defensores de derechos, Arizona se convertirá en el estado de “muestra tus papeles o te vas a la cárcel”.

Los inmigrantes indocumentados serán impedidos para obtener licencias estatales, incluyendo las de matrimonio. Los funcionarios de vivienda se verán forzados a expulsar a familias enteras de la vivienda pública si un solo inmigrante indocumentado es sorprendido viviendo en una unidad.

Las leyes recientes de Arizona sirven simultáneamente para incrementar el poder del ejecutivo y de las fuerzas policiacas, criminalizando no solo a los inmigrantes, sino a los funcionarios educativos, de salud y vivienda y a cualquiera que no pueda probar su ciudadanía.

La leyes, como la anterior SB1070 van en contra de la ley federal y también sirven para incrementar el conflicto entre las autoridades estatales y federales. Este es un serio peligro en una situación en la que los conflictos entre los círculos dominantes se intensifican y se presenta un senario de Guerra civil. Los acuerdos existentes no están resolviendo los conflictos a nivel estatal y federal y es el uso de la fuerza el arma que se escoge. La inmigración y las leyes que le conciernen es una de las arenas en la que se desenvuelve el conflicto, a Arizona es el campo de prueba. Por esas leyes muchos monopolios en Arizona se opusieron pero fueron derrotados por el senado de Arizona el 17 de marzo.

Muchos otros estados están pasando leyes antiinmigrantes. En los últimos cinco años las leyes relativas a inmigración han aumentado dramáticamente. En 2005, en los estados se aprobaron 39 leyes. El año pasado 46 estados además del Distrito de Columbia implementó leyes migratorias – un total de 208, incluyendo la SB 1070 de Arizona. Los estados adoptaron otras 138 resoluciones relativas a la inmigración. Los cuatro estados que no trataron de regular la migración—Montana, Nevada, North Dakota y Texas—no estuvieron en sesión legislativa el año pasado, de acuerdo a la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.

Las acciones estatales se desarrollan en el contexto de la aplicación de leyes federales y políticas que involucran a la policía local y estatal en el control de la inmigración bajo la autoridad federal. SB 1070, por ejemplo solo puede implementarse basándose en el involucramiento de autoridades federales. Las nuevas leyes de Arizona, especialmente las concernientes a la ciudadanía y el pedir documentos para todo, son parte del esfuerzo de incrementar la autoridad estatal para las cuestiones migratorias. Otra vez aquí vemos como se incrementa la batallas sobre las competencias federales y estatales no solo para incrementar los ataques basados en los perfiles gubernamentales que contemplan el aspecto físico y los ataques contra los derechos sino también contribuye a que los conflictos entre los círculos gobernantes pueda desatar una guerra civil.

Austin, Texas

Miles protestan contra la propuesta de leyes migratorias.

En febrero, miles de personas realizaron mítines en Austin para protestar por las leyes inmigratorias que se van a presentar a los legisladores. Ellos demandan que las leyes se desechen y que se defiendan los derechos de los migrantes. Los manifestantes vinieron de El Paso, Dalla, San Antonio y Corpus Christi, entre otras ciudades. Muchos tenían letreros apoyando la  United Farm Workers que organiza a los trabajadores del estado. Abogados de derechos de migrantes, trabajadores, estudiantes, algún personal de ex militares y legisladores de muchas partes urbanas y rurales del estado estuvieron participando. Ellos denunciaron las leyes propuestas que sirven para criminalizar a los trabajadores e incrementar aún más la inseguridad. Los manifestantes se reunieron en el Parque Waterloo en el centro de Austin y marcharon juntos al sur rumbo al capitolio de Texas para un mitin en la tarde. Se oyeron consignas de “¡Si se puede!” en el parque al tiempo que la multitud crecía.

Cerca de una docena de leyes van a incidir en la aplicación de leyes migratorias de manera directa. Son similares a las de Arizona SB1070. Las leyes de Texas están dirigidas a los oficiales de policía para que pidan que se compruebe la ciudadanía si tienen una razón para creer que una persona sospechosa de un crimen –aunque no haya sido acusada u arrestada- pueda no tener papelas. O sea que van a considerar un delito menor de Clase B el estar en el país sin documentación, lo que significa que cualquiera que paren va a tener que probar su ciudadanía o estatus migratorio. La leyes también involucran el chequeo en empleo, servicio de salud, identificación para votar, y se dirige no solo a los inmigrantes sin contra cualquiera que no pueda probar su ciudadanía. Los distritos escolares también están mandatados para reportar el estatus migratorio de sus estudiantes. Todo esto representa ataques no solo contra los inmigrantes sino contra todos los trabajadores y sus familias que no puedan probar su ciudadanía. Si se aprueba, esto impedirá que voten, expulsará a los jóvenes de las escuelas, y darán base para la detención de mucha gente, ciudadanos y no ciudadanos por igual.

120 alcaldes de Indiana les piden a los legisladores rechazar la ley de reforma antiinmigrante

La Asociación de Indiana de Ciudades y Pueblos, que incluye a 120 alcaldes, le han pedido a los legisladores rechazar la ley del Senado 590, una ley antiinmigrante. La ley pide que se realicen perfiles racistas a la policía estatal y local, incluyendo los requerimientos de checar el estatus migratorio si sospechan que una persona pueda estar en el país sin documentos.

Los requerimientos federales de informar a la migra,  Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE)  sobre cualquiera que sea arrestado por ser “sospechoso” de no tener documentos ya ha causado que muchas personas hayan sido injustamente detenidos y deportados. El implementarlo a nivel estatal solo llevara a intensificar aún más los perfiles racistas y el terrorismo estatal contra los inmigrantes.

La asociación emitió lo que se conoce como el breviario de Indiana, que también fue formado por muchos otros funcionarios electos, funcionarios religiosos y educativos. En parte el breviario enfatiza que le cuestión de la inmigración es una función para el gobierno federal, no para los estados. La ley va a ser votada finalmente por el senado del estado y no ha sido considerado aún en la Casa de Representantes.

Adicionalmente, un grupo que representa 465 municipalidades a nivel estatal también firmó el breviario. Sus miembros incluyen alcaldes, empleados de tesorería, y miembros del consejo. Ellos han ofrecido testimonios contra la ley en las audiencias del comité. Muchos a nivel municipal están preocupados por el costo de aplicar éste ley, así como por verse forzados a quedar sujetos a la autoridad federal y a aplicar la ley federal.

Ha quedado claro que la cúpula del gobierno de Washington respalda la matanza en México,  apoyando con la operación “Rápido y Furioso” la introducción de miles de armas en nuestro país. Así lo han testificado ante CBS News los ex agentes de la AFT John Dodson, Rene Jaquez y Derren Gil. Es un gran negocio gringo la venta de armas, el lavado de dinero, la venta de droga en su territorio. Vendiendo armas a los carteles y al gobierno fomentan el “baño de sangre” en México y tienen pretexto para intervenir militarmente en nuestro país. Ya están sus agentes militares y policiacos actuando en México en la Oficina Binacional de Reforma 265, sus aviones no tripulados violando el cielo mexicano y paso a paso buscan la intervención directa, para así tener mejor acceso a nuestras riquezas: petróleo, gas, oro, plata, cobre, plomo, litio y a nuestra mano de obra barata que la quieren para trabajarles como esclavos sin derechos y para usarnos como carne de cañón en sus guerras.

Calderón ha apoyado el ataque gringo y de la OTAN a Libia. Eso viola nuestra constitución que en el artículo 89 establece que México defiende la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de otro país y la solución pacífica de los conflictos. Es el pueblo de Libia quien tiene que resolver sus propios asuntos. La invasión extranjera no ayudará en nada. Estan atacando “para proteger a la población civil” , pero lo que hacen es matar a la población, en realidad lo que les interesa es el petróleo y el gas de Libia.

El doble rasero del Imperio Yanki es apabullante. En Siria el miércoles 23 de marzo masacraron a 34 personas (Organizaciones de Derechos Humanos hablan de cientos de muertos) que protestaban en la ciudad de Deraa contra el gobierno de Buthaina Shaaban, desde el viernes 18 ya van por lo menos 44 muertos. En Palestina el martes 22 de marzo, 8 personas fueron asesinadas por un bombardeo Israelí en la Franja de Gaza. En Yemen miles protestan contra el Presidente Ali Abdullah Saleh, que está en el poder desde 1978 y se reeligió por medio de un fraude en 2006. El viernes 19 de marzo Saleh declaró estado de emergencia y toque de queda. En la capital Saná masacró a 52 e hirió a miles de manifestantes.      ¡Así se las gastan los gobiernos aliados a EU !¡ En Libia bombardean y matan civiles, para “proteger” a los civiles ! ¡Eso se llama doble moral!

El pueblo de México está contra la intervención de EU en nuestro país y en Libia y el resto del mundo. EU debe salirse de Irak y Afganistan y dejar de atacar a Pakistan. México no debe hacerle el juego a las guerras de Washington, comenzando por la guerra en México.